El sector privado europeo reclama cambios en una normativa fundamental del transporte marítimo

La crisis financiera mundial de 2009 generó importantes pérdidas económicas en el transporte marítimo, situación frente a la cual la Unión Europea ejecutó acciones a nivel institucional. Una de ellas fue un cambio normativo que, más de 10 años después, está teniendo efectos colaterales muy adversos para los otros actores de la cadena global de suministros.

Reglamento 906/2009

A través del Reglamento 906/2009, la Comisión Europea introdujo cambios en el marco regulatorio vigente hasta ese momento sobre determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas de consorcio que pueden tener lugar entre líneas marítimas.

Con ámbito de aplicación a los consorcios de servicios de transporte marítimo internacional de línea regular desde o hacia uno o más puertos comunitarios, el citado reglamento abre la puerta a la ejecución de operaciones como las siguientes:

  • Coordinación o fijación conjuntas de horarios de viaje y determinación de puertos de escala.
  • Cesión, venta o arrendamiento recíprocos de espacio o compartimentos en los buques.
  • Utilización conjunta de buques o instalaciones portuarias.
  • Utilización de una o más oficinas de explotación conjunta.
  • Ajustes de capacidad en respuesta a fluctuaciones de oferta y demanda.
  • Utilización conjunta de terminales portuarias y servicios conexos.

La situación ahora es diferente

Este cambio normativo fue una de las respuestas a los efectos que la crisis de 2009 generó sobre el transporte marítimo. Posibilitó a las navieras, entre otras cosas, ganar en economías de escala y amortizar mejor sus costos, en un contexto de valores de flete marítimo en niveles extraordinariamente bajos.

Sin embargo, en la actualidad y tras las disrupciones iniciadas por la pandemia en 2020, las circunstancias del mercado marítimo son otras. Entre otros aspectos, especialmente las prácticas comerciales de las navieras son otras.

En definitiva, el Reglamento 906/2009 de la Comisión Europea se trataba de una normativa que daba respuesta a una situación excepcional, pero el actual contexto la ha convertido en una normativa fundamental del sector.

Fuerte reclamo

La situación ahora es diferente y, por ende, la respuesta institucional de la Unión Europea debe ser diferente. Así lo ven entidades que representan a diversos actores de la cadena de suministros.

En una carta conjunta dirigida a Margrethe Vestager (Comisaria de Competencia de la Comisión Europea), 10 instituciones del sector privado reclaman que el citado reglamento sea revisado.

Enfatizan que dicha normativa ha permitido que, tras las disrupciones iniciadas en 2020, las navieras se beneficiaran de importantes desarrollos de mercado.

“Como consumidores o proveedores del sector del transporte de contenedores, hemos perdido la confianza en que los beneficios de esta normativa se estén compartiendo de manera justa y en que esté cumpliendo con su propósito inicial”, reclaman en su comunicado.

En la carta se remarca además que “el objetivo de la política de competencia es proteger los intereses de clientes y consumidores ante acciones depredadoras de proveedores dominantes y el establecimiento de operaciones cartelizadas. Las experiencias, frustraciones e insatisfacción de grandes sectores de las empresas europeas con el comportamiento de las líneas navieras globales exigen un cambio de enfoque como medio para restaurar la confianza en la industria del transporte de contenedores”.

Los firmantes

La misiva lleva la firma de:

  • Nicolette van der Jagt, Directora General de Clecat (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services).
  • Godfried Smith, Secretario General del European Shippers Council.
  • Lamia Kerdjoudj-Belkaid, Secretaria General del Feport (Federation of European Private Port Companies and Terminals).
  • James Hookham, Secretario General del Global Shippers Forum.
  • Anna Maria Darmanin, Secretaria General de la European Tugowners Association.
  • Theresia Hacksteiner, Secretaria General de la EBU (European Barge Union).
  • Ralf-Charley Schultze, Presidente de la International Union for Road-Rail Combined Transport.
  • Isabelle Ryckbost, Secretaria General de la European Sea Ports Organization.
  • Jesse van Sas, Secretario General de la FIDI Global Alliance.
  • Stéphane Graber, Director General de Fiata (International Federation of Freight Forwarders Associations).

Pedido reiterado

El sector privado ha reclamado en reiteradas oportunidades estas acciones correctivas a las máximas autoridades del bloque europeo.

Ahora, este reclamo institucional conjunto de 10 entidades regionales y globales, resulta entendible al contextualizarse en la percepción generalizada sobre la lentitud o inacción de las autoridades europeas en tomar cartas en el asunto.

 

Nota publicada en Octubre 2022 en el portal Trade News (click aquí para ver).

Por Lic. Gino Baldissare

Toda la información difundida en este blog es exclusivamente a título personal. No es vinculante a las organizaciones y empresas en las que me desempeño o me he desempeñado.

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