La recientemente finalizada COP25 ha dejado algunos sinsabores en cuanto a resultados técnicos y políticos.
No logró avances en la regulación del mercado de bonos de carbono (Artículo 6 del Acuerdo de París), y finalizó con una débil ambición climática para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esto último, debido especialmente a la posición de los Miembros más contaminantes (con excepción de la Unión Europea).
Latinoamérica en general siempre ha mantenido firmes compromisos con el cambio climático, aun cuando no es de las zonas más contaminantes del planeta. La COP25 mostró sin embargo, de parte de Brasil, algunas posiciones ríspidas en materia de océanos, uso de suelos y del ya mencionado mercado de carbono.
Política, economía y desarrollo sostenible
La región atraviesa tiempos turbulentos marcados por transiciones de gobierno, inestabilidad institucional y debilidad democrática. Al combo lo completan la situación económica de varios países, expresada en un hastío social que suma presión política a sus gobernantes para revertir la realidad.
Las épocas de altos precios de commodities –y las de su posterior descenso hacia los niveles actuales– han evidenciado las fallas de América Latina en materia de desarrollo económico.
Hasta cierto punto, su dependencia de las commodities la puede equiparar con economías de hace un siglo atrás, en la medida en que una porción no menor de su ingreso genuino de dólares depende del buen clima para el cultivo y de buenos precios internacionales.
La crisis que actualmente atraviesa la región abre un doble desafío: el desarrollo económico y el desarrollo sostenible. El capital político basado en logros económicos debe tener un límite: el medio ambiente.
Algunos lineamientos brindados por voces expertas en la COP25 pueden servir de brújula en este sentido.
Acuerdos comerciales, instrumentos de sustentabilidad
La Cumbre Climática acogió un panel moderado por Xiana Méndez (Secretaria de Estado de Comercio de España), e integrado, entre otros especialistas, por Arantxa González (Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional).
El encuentro abordó la necesidad de convergencia entre la agenda de comercio y la agenda ambiental de la comunidad internacional, confiriendo a los acuerdos comerciales un rol clave en ese objetivo.
Así lo enfatizó Xiana Méndez durante la introducción del panel, al recordar que la Unión Europea siempre busca “exportar” su visión de hacer del desarrollo sostenible un componente no menor en sus tratados con otras Partes, tanto los vigentes como los que se encuentran en negociación y/o pendientes de ratificación.
Arantxa González profundizó el tema señalando aportes con los que el comercio internacional puede contribuir al desarrollo sostenible:
- Difusión de estándares, regulaciones y benchmarking.
- Disciplina en materia de subsidios
- Promoción de bienes sustentables y tecnologías sustentables (facilitando su acceso a países menos desarrollados)
- Prohibición de prácticas no sustentables y/o del comercio de bienes no sustentables
- Regulación de prácticas competitivas desleales
En Latinoamérica, no pocos países –ya sea en forma individual como a través de los bloques que integran– tienen negociaciones con la Unión Europea. Será clave no abandonar la senda de la sustentabilidad si se busca que dichas negociaciones redunden al final del camino en mayor actividad económica y generación de empleo genuino.
Sector Energético
Laura Merrill –especialista en subsidios a combustibles fósiles– hizo su aporte al citado panel destacando la importancia de reformar la política de subvenciones a la energía, que generan profundas diferencias en su costo entre distintos países.
Señaló la construcción de capacidad y la transparencia como factores clave para identificar subsidios, reconocer sus efectos, y trabajar para desmantelarlos sin afectar a los más pobres
Latinoamérica tiene camino por recorrer en esa materia.
De la política fiscal insostenible al desarrollo insostenible
En Venezuela persiste la realidad del combustible a precios más bajos que el agua mineral. Un escenario no sólo inaceptable por su actual crisis económica; sino también por su historia reciente. Hasta mediados de 2008, cuando el precio del barril de petróleo superó largamente los USD 100, más que sobrados eran los recursos para financiar la diversificación de su matriz energética si hubiese habido voluntad política de hacerlo.
En Argentina, durante años tuvo un lugar una irresponsable política de subsidios a servicios públicos; cuyo desarme a partir de 2016 generó no pocos malestares entre la ciudadanía, y un alto costo político para quienes, con aciertos y errores, lo implementaron.
En un país cuyo sector eléctrico depende mayormente de combustibles fósiles, subsidiar el consumo de gas y electricidad cimentó las bases para el despilfarro por parte de los usuarios. Sus efectos ambientales devastadores echan por tierra cualquier justificación económica (y política) de quienes defendían ese modelo.
La conciencia del sector privado
Cuando se mencionó que el capital político no debe sustentarse en logros económicos a costas del medio ambiente, no se refiere sólo al gobernante que intenta posicionar su gestión.
También incluye al sector privado (ciudadanos y empresas), que no debe dar ese espaldarazo político cegado por un crecimiento económico sin sustentabilidad.
Ejemplos sobran. Por caso, el uso de suelos es uno de los temas en la agenda climática, y de vital importancia en Latinoamérica por sus actividades agropecuarias.
Los incendios en el Amazonas -primero por su inaceptable impacto ambiental, y segundo por su costo político para Bolsonaro y Evo Morales- ponen de manifiesto que el tema no es menor.
Igualmente importantes son los instrumentos que favorezcan la rotación de cultivos, con sus ya conocidos efectos positivos sobre los recursos naturales.
Nota publicada en Diciembre 2019 en el portal Trade News, de Argentina. Click aquí para ver.
Por Lic. Gino Baldissare
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